extracto:
Este apartado se ocupa de describir
un conjunto de instrumentos
regulatorios que tienen como objetivo
la búsqueda de un sector energético
más sostenible desde un punto de
vista ambiental. Aunque se subraya la
importancia de las aproximaciones
fiscales a este efecto, el mensaje no
puede ser simplista: será necesario
combinar adecuadamente distintos
instrumentos para la consecución de
un objetivo tan ambicioso. Y esto, por
supuesto, exige un análisis de las
sinergias (positivas) e interacciones
negativas que se pueden producir con
el uso simultáneo de instrumentos.
Pero, además, los instrumentos
regulatorios que se mencionarán no
cumplen sólo objetivos ambientales
sino que pueden contribuir también a
otros fines de política energética
(reducción de dependencia externa,
vulnerabilidades, etc.). Por tanto,
habrá que abandonar en este periplo
una de las máximas de la regulación
económica: un instrumento para un
objetivo.
Los variados instrumentos que se
contemplan se pueden clasificar en
tres grandes grupos: regulaciones
convencionales de la actividad
económica (también conocidas como
de mandato y control), instrumentos
económicos o de mercado, y
aproximaciones voluntarias. A
continuación se describen y valoran
brevemente los distintos
instrumentos, siguiendo trabajos
previos (Labandeira, León y Vázquez,
2006), para concluir proponiendo la
aplicación de una reforma fiscal verde
en nuestro país.
7.2.2. Alternativas regulatorias
para un sector energético
ambientalmente más sostenible
7.2.2.1. Regulaciones
convencionales
Este mecanismo regulatorio es el más
común en la política energéticoambiental y el primero en aparecer. Una
regulación de mandato y control toma
la forma de una regulación
convencional de la actividad
económica, a través del
establecimiento de normas de obligado
cumplimiento para los contaminadores.
Para controlar los posibles
incumplimientos, que pueden ser
objeto de sanción económica y/o penal,
estos mecanismos cuentan con un
sistema de monitorización “ex ante”
y/o “ex post”. Estas regulaciones
suelen clasificarse en cinco grandes
grupos:
• normas sobre productos, que establecen las características que deben
cumplir éstos desde un punto de
vista ambiental. Por ejemplo, se incluirían aquí aquellas que regulan el
consumo energético de los electrodomésticos o el contenido contaminante de los carburantes.
• normas sobre emisión de contaminantes o estándares de operación,
que son aquellas que regulan, por
ejemplo, los niveles de emisión por
unidad de tiempo permitidos a cada
contaminador.
• normas sobre inmisión de contaminantes, que regulan las concentraciones máximas de contaminación
permitidas en cada momento del
tiempo en un determinado lugar.
• normas tecnológicas o estándares
de diseño, que exigen la utilización
de una determinada tecnología productiva o la introducción y operación
de medidas de descontaminación.
• normas de planificación, que son
aquellas que regulan, por ejemplo, el
uso del territorio o las condiciones de
edificabilidad.
El éxito de las regulaciones de mandato
y control tiene probablemente que ver
con su aparente efectividad ambiental y
adaptación al enfoque legalista
dominante en las políticas públicas. Sin
embargo, esta alternativa también
presenta limitaciones que explican la
actitud crítica de muchos expertos.
La principal es su dificultad para
conseguir siempre resultados
eficientes, tanto estática como
dinámicamente. La existencia de
información asimétrica sobre los costes
de descontaminar del contaminador
entre regulador y regulado explica la
ineficiencia estática, ya que los
segundos tienen incentivos a no revelar
sus verdaderos costes de
descontaminación, obligando al
regulador a utilizar una aproximación
uniforme que no distinga entre los
contaminadores. La consecuencia es
que, para alcanzar un determinado
nivel de descontaminación, se
incurre en unos costes totales
mayores que los estrictamente
necesarios, con la correspondiente
pérdida de recursos valiosos para la
sociedad.
Un problema similar, también
ocasionado por un inadecuado
tratamiento de los incentivos de los
agentes, se refiere a la ineficiencia
dinámica. En este caso los
contaminadores no se ven impulsados
a mejorar los límites fijados por el
regulador, lo que provoca que tampoco
tengan incentivos a promover una
innovación tecnológica continua en
procesos de producción limpios.
