"La fiscalidad ambiental persigue gravar las actividades que comportan un impacto ambiental, con la convicción de que, al encarecerse aquello que tiene un efecto ambiental negativo, se incentivan cambios de comportamientos que reducen estos problemas ambientales. Pero la filosofía no es recaudar dinero, sino incentivar cambios de comportamiento en el consumo y la producción industrial", recuerda Jordi Roca, catedrático del departamento de Teoría Económica de la UB. Roca destaca que desde el punto de vista práctico este es un impuesto bastante fácil de aplicar, "si hay voluntad política".
La idea de instaurar este impuesto no es nueva. La creación de una tasa sobre el CO2 fue puesta sobre la mesa por la Comisión Europea dos veces en los años noventa del siglo pasado, según explica Jordi Roca. Sin embargo, los gobiernos - entre ellos, el de España-se opusieron y la iniciativa no prosperó. No obstante, algunos países la han aplicado por su cuenta: Suecia, Finlandia o Dinamarca; y ahora, Francia.
En los países escandinavos, el impuesto sobre el CO2 ha servido para penalizar el uso de la energía fósil, pero, como contrapartida, esta solución ha ido acompañada de una reducción de impuestos sobre las rentas del trabajo para no cargar la presión fiscal. Por su parte, el sistema introducido en Francia es todavía más justo, "puesto que no sólo no incrementa la presión fiscal, sino que redistribuye los recursos obtenidos", dice Jordi Ortega, del grupo de trabajo del cambio climático de la Universidad Carlos III. En Francia, concretamente, se aplicará a partir del 2010 una tasa de 17 euros por tonelada de CO2 (sobre el consumo de carbón, petróleo y gas, pero no de electricidad), si bien lo recaudado - entre 8.000 y 9.000 millones de euros inicialmente-se repartirá entre los contribuyentes. "Este es un impuesto doblemente progresista: se penaliza el derroche de energía pero no implica reducir impuestos progresivos sobre las rentas, sino que lo recaudado se redistribuye de forma equitativa entre los contribuyentes. Así, se consolida la idea de que los ciudadanos tienen el mismo derecho, aunque limitado, de emitir CO2 ", añade Jordi Ortega.
La idea de incorporar una tasa de CO2 como la planteada por Sarkozy tiene también grandes apoyos en CC.OO., algunos de cuyos portavoces creen que esta podría ser una herramienta para ser incorporada en la futura ley de Desarrollo Sostenible para favorecer los servicios, productos y materiales menos intensivos en energía y carbono. Llorenç Serrano, su secretario de medio ambiente, ve factible una fiscalidad indirecta (IVA) que incorpore criterios de fiscalidad ambiental. "No se trataría de gravar los productos de manera general, sino de lograr cambios en la manera de consumir", dice. Los ingresos podrían servir para potenciar el transporte público o favorecer las políticas industriales a favor de vehículos limpios, dice Serrano. - Jordi Roca sostiene que la fiscalidad ambiental está justificada en sí misma para penalizar actividades indeseables que dañen el medio ambiente, por lo que "no es necesario que esta sea estrictamente finalista", opina.
Antonio Cerrillo.
